Una de las formas más elocuentes de categorizar la oferta política disponible en Chile es a partir de la idea de futuro que proponen los distintos sectores. A grandes rasgos, tenemos tres futuros en oferta, correspondientes a los tres sectores más competitivos del escenario político.

Futuro número uno: Chile equitativo y sustentable. En este proyecto de futuro, impulsado por los partidos de izquierda, los ciudadanos comparten un modelo de vida relativamente estandarizado, con sistemas universales de educación, salud y pensiones. La desigualdad económica se mantiene bajo control a partir de un salario mínimo elevado e impuestos adicionales para quienes tengan demasiado éxito. Y la semana laboral es de 40 horas o menos, de manera que todos tengan igual oportunidad para desarrollar sus intereses fuera del trabajo. Un segundo pilar de este modelo es el cuidado por la naturaleza: el medioambiente es de todos por lo que compartirlo supone protegerlo de la voracidad de los intereses económicos.

Futuro número dos: Chile líder en la transición energética. El futuro que propone la centroderecha es uno donde Chile se ubicaría en el corazón de la transición energética global a partir de grandes acuerdos políticos y una buena gestión del estado con horizontes de planificación de largo aliento. El país cumpliría un rol crucial aportando cobre, avances tecnológicos en energías renovables, y oportunidades de inversión para capitales extranjeros.

Futuro número tres: Chile tradicional. Este proyecto, correspondiente al Partido Republicano y los Social Cristianos, plantea un retorno a valores tradicionales en materias como la familia y la educación. También busca abrir espacios para la influencia de la religión en el quehacer público.

Estos tres proyectos son muy distintos y a veces incluso incompatibles entre sí, pero los tres tienen como punto de partida una idea en común: la idea de que debemos elegir colectivamente el futuro que queremos construir. Según esta idea, a partir de un análisis riguroso de la realidad deberíamos ser capaces de definir un norte al que apuntar de aquí a 20, 30 o 50 años. Tal aspiración —la de tener una estrategia a nivel país para enfrentar los desafíos del futuro— pareciera ser, a primera vista, deseable y quizás incluso urgente, pero una segunda mirada revela aspectos que a cualquier seguidor de las ideas del liberalismo deberían causar alarma. Algo en este anhelo huele a “diseño racional de la sociedad,” enfoque asociado a la Revolución Francesa y otros procesos iliberales.

Y el problema se hace evidente cuando reparamos en que el futuro es por naturaleza impredecible. Los problemas que enfrentaremos mañana no serán los mismos que los que hoy nos aquejan. El futuro inevitablemente doblegará hasta nuestras predicciones más sólidas, por lo que someter a los individuos a una construcción de país basada en el análisis limitado que podemos hacer hoy implica sacrificar la capacidad de las personas para identificar y resolver nuevos problemas a medida que vayan surgiendo. Alguien dirá que se puede hacer las dos cosas: tener un proyecto de futuro y a la vez propiciar las libertades individuales que nos permiten prosperar en un contexto cambiante, pero construir un futuro colectivo supone sacrificios individuales ya sea en cuanto a la diversidad de proyectos de vida o directamente en cuanto a las condiciones materiales de cada uno.

Vale la pena recordar que hasta hace no mucho veíamos periódicamente a expertos recomendando enseñar programación en los colegios ya que, según ellos, saber programar sería en el futuro tan importante como saber leer o escribir. Hoy las cosas han cambiado y tecnologías como ChatGPT ponen en duda la urgencia —o incluso la validez— de aquellas recomendaciones.

Existe entonces un vacío importante en la oferta política de hoy: hacen falta proyectos que en lugar de proponer una idea concreta de futuro, propongan un estado flexible que de espacio para que sean los individuos quienes vayan construyendo el futuro en base a su capacidad infinita de reconocer nuevos problemas, identificar nuevas oportunidades y ensayar soluciones que hoy son, en el sentido más estricto de la palabra, impensables.

La explicación más común es que la ciudadanía exige resultados, y cuando la política no cumple, o cuando el gradualismo democrático se torna insoportable, las personas rápidamente empiezan a buscar soluciones en alternativas iliberales. De acuerdo con este diagnóstico, la democracia solo puede funcionar cuando nuestros líderes están dispuestos a dejar de lado sus intereses para lograr acuerdos que beneficien al país. Y por el contrario, cuando las instituciones son capturadas por líderes egoístas o intransigentes, la democracia sencillamente queda sin respuestas.

Visto así, el panorama es muy desalentador. Lo único que podemos hacer es cruzar los dedos para que nuestros líderes se amiguen o para que surja alguna figura que logre congregar a las mayorías moderadas.

Pero hay otra forma de ver el asunto. La democracia en realidad no promete acuerdos ni resultados. La promesa de la democracia es un estado que rinda cuentas a la ciudadanía y una clase política vulnerable a los rigores del voto. En otras palabras, la promesa de la democracia es castigo para quienes abusen de sus cargos de poder o cometan errores inaceptables. El votante no siempre obtiene lo que quiere, pero siempre puede rechazar aquello que no quiere. Así, el trabajo serio y la búsqueda del bien común no son una condición para el funcionamiento de la democracia, sino una consecuencia de instituciones democráticas bien diseñadas.

A partir de este cambio de paradigma, el fenómeno del retroceso de la democracia adquiere un significado completamente distinto: la ciudadanía acude a los autoritarismos no tanto por la urgencia de resolver ciertos problemas, sino por la incapacidad de nuestras instituciones de cumplir la promesa de la democracia. Nos prometieron castigo para los déspotas —dice el votante— pero los políticos parecen estar permanentemente dándose gustitos o involucrándose en escándalos. Y todo eso con total impunidad.

Este nuevo diagnóstico motiva a su vez un cambio de disposición frente al problema. En lugar de exigir un ambiente más cordial y dialogante en las instancias gubernamentales y legislativas, nuestro foco debe estar en las reglas del juego. Herramientas como el voto proporcional, las primarias o el balotaje ofrecen oportunidades para que los políticos se salgan con la suya.

La próxima vez que escuche sobre la creciente impopularidad de la democracia, en lugar de simplemente lamentarse por la incompetencia de los políticos, recuerde que las reglas electorales permiten ganar escaños en el parlamento con menos del 1% de los votos.

Cuando se discuten los principios filosóficos del liberalismo, existe una noción generalizada de que además de defender ideas como la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, la democracia y la tolerancia, el liberalismo debería buscar “emparejar la cancha”. Según esta mirada, un sector importante de la población carecería de los medios necesarios para llevar a cabo libremente su plan de vida.

Evopoli es quizás el sector que mejor representa esta postura en Chile. Por un lado, se declaran férreos defensores de las libertades individuales, pero también sostienen que el estado tiene la responsabilidad insoslayable de “poner a los niños primeros en la fila” con el objetivo de reducir las brechas de oportunidades.

En su reciente libro La derecha liberal sí existe, Hernán Larraín detalla los principios que, bajo su mirada y la de Evopoli, definen una doctrina liberal integral. Vale la pena detenerse en el siguiente fragmento:

“En un sentido social, [un liberalismo integral] implica generar las condiciones sociales para que la cuna no determine el destino de las personas”

¡Buenas noticias! El objetivo entonces está cumplido. Es cierto que los individuos crecen en contextos muy dispares, y que muchos de ellos tienen el panorama cuesta arriba simplemente por haber nacido en una situación precaria, pero eso no implica una barrera insuperable. Exceptuando casos de enfermedades u otras condiciones irreversibles, toda persona tiene su futuro abierto y está siempre a unas pocas decisiones acertadas de cumplir sus objetivos. Basta pensar en los casos de Arturo Vidal o Mon Laferte: la cuna ciertamente no determinó sus destinos.

Cualquiera que escucha este argumento responde invariablemente con espanto o indignación. ¿Acaso vamos a negar que las brechas socioeconómicas están correlacionadas con las diferencias en la cuna? Por supuesto que no. Los indicadores son elocuentes y muestran una realidad inaceptable. Pero si queremos ser rigurosos debemos aceptar que estos indicadores no son más que herramientas estadísticas, por lo que toda política liberal que se precie de serlo no puede pretender sacrificar libertades individuales con el mero fin de conseguir mejores números.

Así, por ejemplo, en lugar de invertir el dinero de todos para mejorar estadísticamente los resultados del sistema educativo, la propuesta liberal debería poner el foco en problemas concretos como el narcotráfico y la violencia intrafamiliar. Estos son problemas tangibles e intolerables que ocurren periódicamente en los sectores más vulnerables del país y que destruyen la vida de niños de carne y hueso.

Un proyecto liberal coherente, que considere a los individuos como fines en sí mismos, está obligado a enfocarse siempre en corregir abusos concretos y descartar el plan estadístico de conseguir “igualdad de oportunidades”, lo que sea que eso signifique.

Para ensayar una respuesta a estas preguntas es conveniente notar que ambos bandos tienen muchas ideas en común. Ambos coinciden en el respeto por las libertades individuales y en la importancia de la sociedad civil como eje fundamental del desarrollo del país. Ambos proponen, a grandes rasgos, una economía de libre mercado y abierta al mundo. Ambos cuentan también con las credenciales y la convicción necesarias para endurecer la mano contra el crimen organizado y enfrentar los problemas de seguridad.

La diferencia entonces no está tanto en los principios de cada sector, sino en la manera en que pretenden materializarlos. Dicho en simple, ambos bandos tienen ideas incompatibles sobre el funcionamiento de la democracia y, en consecuencia, sus respectivos líderes políticos adoptan una actitud diametralmente opuesta frente al debate público. Es esta diferencia de talante lo que da origen a los motes de “intransigentes” y “cobardes”.

Por un lado, Chile Vamos —la derecha “cobarde”— adopta una postura acuerdista. Para ellos, en una democracia los avances sociales nunca pueden dejar contento a todo el mundo. Yo obtengo algo y te doy algo a cambio. Todos ganan pero todos también pierden, y así vamos encontrando el rumbo paso a paso. Cualquiera que intente llevarse la pelota para la casa es rápidamente tildado de antidemocrático.

Del otro lado está la derecha de Kast y Kaiser, la derecha “intransigente.” Ellos ven la democracia como el espacio donde se libra la batalla cultural. El rol del político es defender sus ideas, mantenerse firme en sus posturas y detener cualquier propuesta que atente contra sus principios.

A primera vista Chile Vamos parece estar en lo correcto. Su postura es constructiva y se alinea con esa estrategia que tantos frutos dio al país durante los años de la Concertación. Pero una mirada más profunda revela una equivocación fatal. Como sabemos, el valor de la democracia reside en nuestra capacidad de implementar soluciones a los problemas de la sociedad y evaluar los resultados obtenidos. Prueba y error. Para que el proceso funcione, es crucial que las propuestas que se presenten estén basadas en ideas claras y tengan autores bien definidos. Solo así podemos entender por qué las cosas funcionan o fracasan y quiénes son los responsables. Solo así podemos aspirar a aprender de nuestros errores y progresar.

El problema de los acuerdos es que cuando las cosas salen mal, nunca sabemos realmente qué falló y nunca es claro quién tuvo la culpa. Todo proyecto es una ensalada de medidas sin un dueño concreto. Y este problema, de por sí tremendamente grave, se vuelve intolerable cuando consideramos que el crecimiento del estado es muchas veces definitivo: una vez que el estado avanza es casi imposible hacerlo retroceder. Los triunfos de la libertad son siempre temporales, los del socialismo suelen ser permanentes.

El gradualismo acuerdista es una de las principales formas en que el estado consigue su avance implacable, y es también la única manera de que ideologías refutadas vayan permeando nuestras instituciones. Es por todo esto que no podemos sino calificar los acuerdos como una forma imprudente de defender las libertades individuales.

Este episodio ilustra uno de los aspectos centrales no solo de la Revolución Francesa, sino que del espíritu revolucionario en su conjunto: la convicción de que las instituciones deben ser diseñadas de manera racional. La evolución orgánica de las instituciones inevitablemente introduce una infinidad de irracionalidades y problemas de toda índole a la vida en sociedad, problemas que se evitarían —afirman los revolucionarios— si reemplazáramos las instituciones existentes por instituciones diseñadas mediante el uso de la lógica y la aplicación de principios universales.

El espíritu revolucionario así entendido nos entrega un buen marco de referencia para estudiar el progreso desde lo que aquí llamaremos una mirada liberal conservadora. El liberal conservador admite la urgencia de solucionar los problemas que advertimos en la sociedad, pero se opone a los movimientos revolucionarios desde dos ángulos distintos, correspondientes a las dos ideas que el nombre implica.

En primer lugar, el liberal conservador reconoce la existencia de vastas cantidades de conocimiento colectivo en las instituciones existentes, y reconoce también que ese conocimiento muchas veces actúa de una forma insondable, sin que nadie pueda realmente explicar su funcionamiento. Pensemos por ejemplo en la monarquía. Solemos ver la institución de la monarquía como un vestigio del pasado, pero la verdad es que juega un rol central —si bien contraintuitivo— en la continuidad de la nación y en la relación del estado con la ciudadanía.

En segundo lugar, el liberal conservador advierte que el diseño “racional” de las instituciones no es meramente difícil: es en realidad simplemente imposible. A diferencia de un sistema físico, el comportamiento de las personas es inherentemente impredecible ya que la creatividad humana permite esencialmente cambiar las reglas del juego. Así, al introducir nuevas instituciones en la sociedad nuestras expectativas siempre arriesgan languidecer ante los cambios inesperados en el comportamiento de las personas. Y si no podemos anticipar resultados, no podemos realmente aplicar al diseño institucional los mismos métodos que aplicaríamos, digamos, al diseño de una máquina. Esta convicción obliga al liberal conservador a rechazar toda ideología que plantee una mirada instrumental del individuo.

En suma, los liberales conservadores adoptan una postura profundamente humilde frente al progreso. El cambio es inevitable —dicen— y en muchos casos es de hecho urgente, pero debemos siempre reconocer que somos infinitamente ignorantes y debemos también respetar a las personas por lo que son: un fin en sí mismo.

La noción es simple y compartida por casi todos: las primarias son una instancia de participación ciudadana donde la candidatura de un sector se construye de forma consensuada, lo cual en teoría entrega garantías de gobernabilidad y reviste al candidato de un grado importante de legitimidad.

Pero esos beneficios, aparentemente tan deseables, tienen mucho de ilusorios y significan costos en los que no solemos reparar.

Primero, para entender por qué los beneficios de las primarias son en gran medida ilusorios, basta recordar el caso del Presidente Boric: durante su candidatura se enfrentó en primarias a Daniel Jadue del Partido Comunista quien, lejos de aportar a la unidad de la coalición oficialista, se ha mostrado en muchas ocasiones directamente contrario al gobierno. Pero lo de Jadue no es un caso aislado: a pesar de formar parte del gobierno, el Partido Comunista como colectividad ha sido frecuentemente crítico de las propuestas y los logros del Presidente Boric.

Y en cuanto a la legitimidad que supuestamente otorga el proceso de primarias, cabe recordar que la victoria de Boric ha sido permanentemente cuestionada —principalmente por Jadue y sus seguidores— por la presunta participación de votantes de derecha o anti-comunistas en las primarias de la izquierda.

Pero incluso si omitimos estas falencias, encontramos un segundo problema todavía más serio: los costos asociados al proceso. Y no me refiero a los costos económicos, sino a los costos en cuanto a la capacidad del gobierno para enfrentar las adversidades que se le van presentando. Veamos.

Para ganar las primarias, los candidatos deben conquistar a un sector específico y más bien reducido de la población, lo que les lleva a adquirir compromisos con grupos minoritarios y prometer proyectos que el grueso de la población rechaza. Volviendo al caso del Presidente Boric, esto fue justamente lo que sucedió en su momento con los indultos y lo que vemos ahora con la propuesta de aborto libre. En lugar de enfrentar los problemas reales del país, el gobierno se ve en la obligación de cumplir promesas adquiridas en primarias y que hoy aparecen completamente fuera de lugar. O, visto desde otro ángulo, podríamos decir que las primarias ofrecen una oportunidad para que nuestros líderes empujen ideas radicales y proyectos contrarios a lo que la mayoría del país quiere.

Así, si entendemos la democracia como el conjunto de instituciones que le permiten a la ciudadanía rechazar ciertas ideas y castigar a los líderes que insisten en promoverlas, debemos admitir que las elecciones primarias cumplen una función profundamente contraproducente.

Hoy vemos a la candidata Jeanette Jara muy bien aspectada con miras a las próximas elecciones. Si la tendencia se mantiene, los comunistas podrían llegar a la primera vuelta libres de competencia en el ala izquierda y con buenas posibilidades de sacudir al país y conseguir una victoria.

La actual vigencia del marxismo en Chile es un buen recordatorio de que con un diseño institucional inapropiado la democracia tiende a perpetuar ideas refutadas.

A partir de la Revolución Científica, con los descubrimientos de Galileo y Newton en el siglo XVII, la ciencia ha ido adquiriendo un rol central no solo en nuestra forma de entender las leyes naturales, sino también en la manera en que abordamos el debate en torno al diseño de políticas públicas. El avance de los consensos científicos explica en buena medida la velocidad con que la sociedad ha ido progresando en los últimos dos o tres siglos.

Pero el proceso nunca ha estado libre de controversias. Hoy en día aparecen periódicamente estudios de investigación que avalan o refutan las propuestas que los distintos sectores políticos impulsan para resolver problemas públicos. Ejemplos sobran: estudios sobre energías renovables, estrategias de vacunación, demografía y tasas de natalidad, la importancia del deporte y el peligro de las redes sociales para los niños, etc. Investigaciones de este tipo suelen tener un efecto significativo en la opinión pública, lo cual naturalmente pone a la ciencia en conflicto con quienes ven una amenaza para sus agendas ideológicas.

Y este conflicto presenta dos riesgos importantes para el proyecto científico. Por un lado están los ataques por parte de corrientes anti-ciencia, que tienden a prescindir del método científico en favor de dogmas teológicos o teorías conspirativas.

Pero también existe un riesgo menos visible y por lo tanto más difícil de combatir: casi nadie entiende realmente cómo funciona la ciencia. Este problema es delicado porque erosiona las bases de todo lo que hemos ido construyendo en occidente. Si no entendemos cómo la ciencia nos acerca a la verdad, difícilmente podremos defenderla de quienes la acusan de ser simplemente una religión más.

Tomemos como ejemplo el caso del cambio climático. El consenso en la materia es unívoco: la acción humana está teniendo un impacto importante en ecosistemas a nivel global, y de no corregir el rumbo —y cambiar la matriz energética— arriesgamos sufrir consecuencias catastróficas. Quienes se oponen a este enfoque acusan a la comunidad científica de estar capturada por ideologías progresistas y prefieren escuchar voces disidentes e ideas conspirativas. Por otro lado, quienes defienden la institucionalidad científica exigen respetar la autoridad del consenso de los expertos. Después de todo, dicen, ese consenso expresa las ideas de nuestras mentes más brillantes.

Es cierto que el consenso científico suele ser un buen atajo para quienes no estamos tan familiarizados con detalles técnicos, pero también es cierto que la abrumadora mayoría de intelectuales y académicos se ubica en sectores de izquierda y son muchas veces activistas. Entonces, ¿a quién debemos escuchar?

Llego aquí al punto central que quiero proponer: la ciencia no funciona en base a consensos. Lo que diga la comunidad científica no debiera ser objeto de nuestra “confianza” ni razón para abandonar el proyecto científico. Las afirmaciones que hacen los expertos, ya sea en cuanto al cambio climático o cualquier otra materia, deben juzgarse no según la magnitud de los consensos que concitan, sino de acuerdo al mérito de las explicaciones que sustentan esas afirmaciones.

A modo de heurística, al analizar las conclusiones de cualquier estudio científico hay un error muy común al que vale la pena estar atento. El error consiste en pretender predecir fenómenos inherentemente impredecibles, y en particular aquellos fenómenos sujetos a los efectos de la creatividad humana. Vuelvo aquí al caso del cambio climático. El reporte del IPCC plantea que hasta 200 millones de personas podrían ser desplazadas como consecuencia de un entorno cada vez más hostil. Tal predicción —o profecía— escapa a los alcances de la ciencia. No existen herramientas que nos permitan predecir el desarrollo futuro de la infraestructura anti mareas o eventuales avances tecnológicos en sistemas domésticos de control climático. Ciertamente nada garantiza que la tecnología vaya a solucionar efectivamente todos nuestros problemas, pero la mera posibilidad de que eso ocurra despoja a la ciencia de todo poder predictivo cuando el hombre está involucrado.

Un aspecto central de la actitud científica es el rechazo a cualquier autoridad que pretenda ser el guardián de la verdad. Así, quienes exigen respetar la autoridad del consenso científico están, paradójicamente, adoptando una actitud contraria a los valores de la ciencia.

Más apropiada entonces es la actitud de Condorito, cuando miraba al lector y exclamaba “exijo una explicación.”

“Hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas”
—Benjamin Disraeli

La expresión “avances civilizatorios” y la idea de la “superioridad moral” de ciertos sectores son conceptos frecuentemente ridiculizados, pero el problema que motiva ese tipo de lenguaje es genuino y merece nuestra atención. ¿Cómo podemos evitar las injusticias que producen nuestros impulsos más primitivos? Uno de los objetivos centrales de la acción colectiva es justamente traducir nuestras convicciones morales en cambios legislativos que nos lleven a una sociedad más virtuosa y más próspera. La brecha de género, la desigualdad económica, la contaminación del medioambiente y la mala educación de los niños son todas expresiones de la contradicción que existe entre el mundo que vemos y el mundo como creemos que debería ser.

Este sentimiento obviamente no es nuevo. El voto femenino y el fin de la esclavitud son quizás los ejemplos más claros de que la acción colectiva permite hacer avances que de otra manera no serían posibles u ocurrirían a un ritmo inaceptable. Y, tal como esos movimientos fueron capaces de corregir inmoralidades flagrantes en el pasado, hoy deberíamos poder avanzar mediante la acción colectiva hacia mejores salarios para las mujeres, una distribución más pareja de las riquezas, índices medioambientales más saludables y resultados PISA más cercanos a los de los demás países de la OCDE.

O al menos ese es el espíritu que domina hoy casi todo tema en la discusión pública.

Esta forma de pensar ilustra lo que aquí llamaremos el error colectivista: la idea de que la política y la acción colectiva deben apuntar a mejorar los indicadores y las estadísticas de la sociedad. O, dicho de otra manera, la tendencia de quienes participan de la política a tomar cifras colectivas como problemas en sí mismos, en lugar de verlas como lo que en realidad son: simples indicadores. Este error es bastante evidente en todos los sectores de la izquierda, pero también afecta a la derecha aunque a veces de una manera más sutil. Incluso quienes se autodenominan “defensores de la libertad” o “seguidores del liberalismo clásico” plantean propuestas que esconden un marcado espíritu colectivista, como por ejemplo las recientes propuestas de incentivos para subir la tasa de natalidad.

Para entender bien el fenómeno es importante hacer el contraste entre debates dominados por el error colectivista y debates donde el foco es un problema real que afecta a individuos de carne y hueso. Volvamos a revisar los problemas de la esclavitud y del sufragio femenino. Quienes luchaban por remediar esas injusticias argumentaban sus propuestas no desde la interpretación de cifras o indicadores, sino desde la convicción moral de que nuestra condición humana es universal y no admite discriminaciones ante la ley.

Un ejemplo más contemporáneo —independiente de las convicciones que cada uno pueda tener— es el debate en torno a la ley de aborto. Existe un conflicto real entre la madre y el que está por nacer, y existe también un conflicto atendible respecto de la objeción de consciencia de quien debe llevar a cabo el aborto. Ahora, hay muchos líderes políticos que argumentan a favor o en contra del aborto recurriendo a distintas estadísticas, pero no cabe duda que en el centro del debate hay un problema concreto de índole moral.

Veamos ahora el caso de la discusión en torno a las brechas de género. Lo que diferencia este debate de los anteriores es que las brechas de género no son un problema en sí mismo, son simplemente una estadística que describe algunos aspectos de nuestra sociedad. Medidas como la paridad de entrada o salida en elecciones para cargos públicos no buscan resolver un problema concreto que afecte a mujeres específicas, sino ajustar cifras que nos parecen injustas.

Lo mismo vale para el coeficiente Gini, la huella de carbono, los medidores de la calidad de la educación, el grado de sofisticación de la economía, el salario mínimo, etcétera. Ciertamente existen problemas concretos detrás de todos estos números, y la tarea de quienes defendemos las libertades individuales es identificar aquellos problemas y buscar soluciones a partir de medidas acotadas, en lugar de discutir incentivos destinados a la manipulación de promedios y estadísticas.

Los riesgos asociados al error colectivista son dos. En primer lugar, pretender que el estado controle los índices que describen nuestra sociedad es una forma encubierta de abrazar la planificación central, y la planificación central como forma de gobierno ha sido refutada de forma categórica. Son muy pocos —aunque los hay— los que todavía piensan que el estado debe controlar la economía y fijar precios justos para que bienes y servicios sean accesibles para todos. Pues bien, el error colectivista permite que el estado haga justamente eso, solamente que de forma camuflada e indirecta.

En segundo lugar, un riesgo bastante más grave es que, como dijimos antes, el error colectivista afecta incluso a quienes dicen ser férreos defensores de las libertades individuales, creando así un vacío político que explica el avance implacable del estado en las últimas décadas.

El propósito de este artículo no es argumentar en contra de la planificación central. Ya mucho se ha escrito al respecto en otros lugares. Mi objetivo es alertar sobre lo delicado que es el segundo riesgo. La defensa de las libertades individuales requiere un espíritu y una cultura política que hoy aparecen muy disminuidas. Hoy en día la estrategia de quienes dicen representar este espíritu se centra casi exclusivamente en rebatir estadísticas con mejores estadísticas. Refutar indicadores con mejores indicadores. Mi propuesta es simple: en lugar de enfocarnos en las consecuencias de mover indicadores hacia uno u otro lado, quienes defendemos las ideas del liberalismo clásico debemos atacar las propuestas colectivistas por pretender sacrificar al individuo para conseguir avances imaginarios.

La primera forma de representación consiste en la inclusión de todas las diversidades y grupos minoritarios en las distintas instituciones públicas. La idea es intuitiva: dado que en una democracia debe ser el pueblo quien gobierne, es imprescindible que las instituciones incorporen a todos los sectores de la sociedad de manera que las decisiones que tomen nuestros representantes coincidan con “la voluntad del pueblo.” Desde este punto de vista, el sistema debe estar diseñado con el objetivo de garantizar que el gobierno y el parlamento sean un espejo de la población, respetando la proporción de mujeres, pueblos originarios, credos religiosos, diversidades étnicas y otros grupos. También es importante incluir representantes que esgriman las banderas de las distintas causas o ideologías que mueven a la gente, como el ambientalismo, el animalismo, el feminismo y un largo etcétera. Cualquier grupo o causa que no cuente con un representante dedicado en el gobierno constituye un vacío de representación y la teoría dice que tarde o temprano ese vacío se traducirá en malestar social.

La representación así concebida tiene la virtud de ser una idea con una narrativa fácil de absorber, que pone al pueblo, y especialmente a los grupos oprimidos, en el centro del sistema. Además, al exigir que las instituciones públicas sean visiblemente diversas, el ciudadano de a pie tiene ciertas garantías —en teoría— de que sus problemas serán considerados en el debate. Así, quien se opone a este enfoque es rápidamente acusado de querer silenciar a sectores minoritarios de la población.

La otra forma de entender la representación consiste en enfocarse en el buen trabajo de las autoridades y la defensa de los intereses del electorado. Esta idea se basa en la convicción de que la ciudadanía no cuenta con las herramientas para legislar o implementar políticas públicas, pero sí está en posición de juzgar las acciones de quienes legislan y gobiernan. Bajo esta mirada, las características físicas y convicciones personales de nuestros representantes son irrelevantes y, en cambio, el foco debe estar exclusivamente en sus propuestas, en las decisiones que tomen y en sus consiguientes efectos. Así, el rol que deben cumplir nuestros representantes es similar al de los representantes de músicos o futbolistas. Los músicos y los futbolistas no buscan un representante que se les parezca físicamente o que comparta sus gustos musicales o futbolísticos, sino alguien que defienda sus intereses y les ayude a desarrollar una carrera exitosa. También ocurre lo mismo con el gerente de una empresa. La mesa directiva elige al gerente con el propósito de administrar el negocio y aumentar el valor de la empresa. Si el gerente no cumple con dicha tarea se le reemplaza rápidamente, y quien lo reemplaza es siempre alguien que los directores consideran hará un mejor trabajo en cuanto a la defensa de sus intereses y el valor de la empresa.

A partir de estas dos formas de ver la representación, que podemos llamar representación de espejo y representación de intereses, surgen naturalmente algunas preguntas: ¿qué instituciones llevan a la representación de espejo y cuáles a la de intereses? ¿Qué consecuencias sociales y políticas podemos esperar de cada una de estas definiciones?

El tipo de representación asociado al sistema político depende en gran medida de las características del sistema electoral y, más específicamente, de la naturaleza del voto y la regulación de los partidos políticos. En las democracias modernas —Chile entre ellas— abundan los sistemas basados en la representación de espejo, que se caracterizan por el voto proporcional y suelen contar con sistemas de partidos altamente regulados para controlar problemas como la fragmentación política y el “discolaje” de los parlamentarios. En este tipo de sistemas la oferta política es amplia y el voto consiste más que nada en una expresión de preferencias del electorado.

Por su parte, la representación de intereses se consigue a través del sistema electoral de mayoría simple uninominal. En este caso el voto es una herramienta esencialmente punitiva y las elecciones son una instancia para que la ciudadanía evalúe el trabajo de sus representantes. Los partidos políticos en sistemas de este tipo surgen naturalmente como forma de organización y no requieren del control abrumador y la regulación que caracteriza a los sistemas de representación proporcional. La oferta política suele ser más bien reducida, lo cual permite centrar los esfuerzos de la ciudadanía exclusivamente en evaluar el trabajo de quienes ocupan cargos de poder.

Estos dos diseños tienen un sinfín de efectos en el funcionamiento de los países. Vale la pena revisar algunos. Primero, el rol del ciudadano es completamente distinto. En la representación de espejo el ciudadano cumple un rol pasivo y el voto es simplemente una herramienta para censar a la población. El sistema es una caja negra que toma las preferencias del electorado y produce una configuración de fuerzas políticas sobre la que el votante no tiene mucho control. En la representación de intereses, por el contrario, el rol del ciudadano es activo y las elecciones son una oportunidad para castigar a las autoridades con mal desempeño. En este caso, los candidatos no tienen el beneficio del voto de arrastre ni del balotaje, y la formación de coaliciones es poco frecuente, por lo que partidos con bajo apoyo no tienen forma de colarse en el gobierno. De esta manera, y a diferencia de la representación de espejo, pequeños movimientos del electorado suelen tener consecuencias drásticas y frecuentemente se traducen en la destitución de la autoridad.

Segundo, el nivel de complejidad de cada sistema tiene un impacto importante en la noción de legitimidad de las autoridades. La representación de espejo requiere el uso de sofisticadas fórmulas matemáticas y regulaciones ad hoc para lograr efectivamente incluir a todos los sectores de la población, con lo cual abundan los parlamentarios con un apoyo menor al 10% de su distrito y no es raro ver diputados con apoyos menores incluso al 1%. Por su parte, la representación de intereses utiliza reglas simples y transparentes, de manera que la ciudadanía siempre tiene absoluta certeza respecto de la legitimidad de sus representantes.

Por último, y en conexión con lo anterior, los sistemas de representación de espejo suponen la presencia de múltiples representantes en cada distrito, por lo que el ciudadano nunca sabe exactamente a quién dirigirse para expresar quejas y exigir soluciones. Cuando las cosas en el país no van bien y la política muestra signos de flaqueza, ¿de quién es la culpa? ¿A quién tenemos que echar? Los sistemas de representación de intereses resuelven este problema asignando un único representante a cada distrito, lo que permite que toda persona sepa exactamente quién es el responsable de defenderle en la discusión legislativa y frente al gobierno.

Con un electorado desempoderado, autoridades con niveles de apoyo casi cómicos y una relación bastante ambigua entre ciudadanos y representantes, no es raro ver que la representación de espejo lleve al atrincheramiento de la clase política y al malestar social. Gran parte de la frustración y el descontento con la democracia son el resultado de construir instituciones en base a una forma de representación que privilegia los lugares comunes y las buenas intenciones en desmedro del poder de la ciudadanía.

Cuando exigimos un sistema más participativo y con mayor representación es crucial que nos detengamos a pensar en las formas de conseguir esos anhelos y en las consecuencias de cada alternativa. No vaya a ser que por pedir mayor protagonismo terminemos accidentalmente sumidos en la irrelevancia.

Ante esta situación es tentador dividir el asunto en sub-problemas y atacarlos por separado. Distintos sectores han sugerido medidas para disminuir la fragmentación del parlamento o pactos de desarrollo para volver a crecer, pero adoptar estrategias de este tipo sería ignorar el trasfondo de la crisis: la tendencia natural del estado a abarcarlo todo. La buena noticia es que este problema no es nuevo. Fenómenos como los que estamos viviendo son exactamente lo que motivó el surgimiento de las ideas del liberalismo clásico y su notable aplicación en la fundación de los Estados Unidos.

Una de las frases más emblemáticas de los años de la Revolución Americana, atribuida a Thomas Jefferson, dice que “el precio de la libertad es su eterna vigilancia.” La guerra de Independencia había concluido en victoria para quienes luchaban por poner fin a los excesos de la Corona británica, y ahora era momento de diseñar las instituciones de la nueva nación. Estados Unidos se construiría no sobre ciertos límites geográficos, o sobre la etnia de su gente, sino sobre el poder de una idea: la idea del respeto por el individuo y su libertad. Pero, ¿cómo lograr que las libertades individuales perduraran en el tiempo?

En una carta a Edward Carrington en 1788, Jefferson observa con inquietud que “el progreso natural de las cosas es que la libertad vaya cediendo y que el gobierno gane terreno.” Es justamente esta preocupación lo que explica gran parte del diseño institucional de los Estados Unidos. El federalismo favorece los gobiernos locales y permite que el electorado vigile más efectivamente a sus representantes; los checks-and-balances distribuyen el poder y moderan el proceso legislativo; el Bill of Rights hace explícitos los límites del estado y ofrece una capa adicional de protección para las libertades individuales.

Dos siglos más tarde, Jaime Guzmán se veía enfrentado a un problema de características similares. Buscaba construir un Chile donde la sociedad fuera el producto orgánico del intercambio entre individuos libres. Para él, el estado debía jugar un papel estrictamente secundario en la economía y en el desarrollo de la sociedad, pero al mismo tiempo debía contar con las atribuciones necesarias para preservar la estabilidad política del país. La pregunta era cómo asegurar el justo equilibrio de esos roles, de tal manera de evitar que el individuo se viera eventualmente abrumado por la expansión de los poderes estatales.

Pero la motivación del problema de Guzmán era distinta a la de los Founding Fathers. Corrían los años de la Guerra Fría y Estados Unidos y la Unión Soviética medían sus fuerzas en una batalla ideológica alrededor de todo el planeta. En Chile, a pesar de la represión implacable del régimen militar, todavía circulaban corrientes marxistas bajo la superficie del tejido social que amenazaban con volver a instaurar su modelo empobrecedor, donde el estado impone un diseño racional de la sociedad y el individuo actúa como un mero engranaje en la máquina. Jaime Guzmán no escondía su preocupación:

Sólo quien desconoce el carácter intrínsecamente erróneo del marxismo-leninismo y su actual utilización como una agresión permanente y total del imperialismo soviético en contra de los países libres […] puede creer que los principios originarios del liberalismo político son suficientes y adecuados para una democracia moderna y estable.

Su solución fue lo que él llamaba una “democracia protegida.” Mediante una serie de resguardos constitucionales el sistema marginaba ideologías antidemocráticas y forzaba una distribución relativamente pareja del poder, de manera que nadie contara con las mayorías necesarias para abrir nuevamente la puerta a los totalitarismos. Guzmán, a diferencia de Jefferson, creía que la defensa de la libertad no sólo requería vigilancia, sino también un grado importante de autoritarismo para reprimir ciertas ideas peligrosas.

Así, la nueva institucionalidad chilena incluiría aspectos contrarios al espíritu democrático, como el sistema binominal, senadores designados, quórums supramayoritarios para reformas constitucionales, la intervención legislativa del Tribunal Constitucional y la supervisión del COSENA. Y la fórmula indudablemente dio frutos. Tras el retorno a la democracia el país disfrutó de una estabilidad institucional ejemplar y de un clima inmejorable para la inversión y los negocios. El milagro económico chileno no habría sido posible con una transición sin estos resguardos.

Hoy las dictaduras marxistas han dejado de ser la amenaza existencial que representaban antes de los ‘90, y en consecuencia los candados constitucionales han ido cayendo. Pero la advertencia de Jefferson todavía nos acecha: ¿Con qué herramientas contamos para vigilar y proteger nuestras libertades?

Es cierto que Chile goza de una serie de checks-and-balances que funcionan relativamente bien y sirven justamente para mantener al estado dentro del marco institucional. Pero eso no es suficiente. Como ya hemos dicho, incluso cuando se lo restringe, el estado tiende a expandirse sin romper las reglas del juego, de forma gradual pero inexorable. Este es el centro del problema: hemos removido los candados de Guzmán y no hemos puesto nada en su lugar. Hemos renunciado a nuestra capacidad de contener al estado y en consecuencia tenemos un gobierno desconectado del ciudadano, a menudo irresponsable, con mecanismos de control que dependen de la voluntad de los incumbentes y con un sistema electoral excesivamente permisivo. Las regulaciones crecen y los errores y los abusos de la política quedan sin castigo.

Después de 35 años de democracia en Chile, el sistema político se asemeja un poco a una oligarquía, donde quienes ostentan el poder están blindados en sus cargos y nosotros, la ciudadanía, estamos a su merced. El peligro de las tiranías se siente ajeno, pero las libertades poco a poco se van perdiendo. No olvidemos que hace tres décadas éramos libres y hoy el Partido Comunista está en el gobierno.

El dilema de la representación

El año 2015 el parlamento chileno promulgó la ley de fin al sistema binominal con la intención de alinear las motivaciones y preferencias de la gente con las decisiones legislativas del Estado. El sistema binominal había funcionado por 25 años como un blindaje para defender el modelo de desarrollo impulsado durante la dictadura de Pinochet, consiguiendo así una estabilidad política y prosperidad económica sin precedentes. Pero esa conquista supuso también sacrificar casi por completo la flexibilidad del país para enfrentar los vaivenes de un entorno cada vez más volátil. La escasa competitividad de las elecciones parlamentarias eliminaba prácticamente todos los incentivos para que los partidos corrigieran sus posturas en respuesta a los cambios de prioridades en el electorado. De esta manera, el 2015 existía una urgencia justificada por reemplazar el binominal, y la alternativa que emergió triunfante fue un sistema de representación proporcional.

En esa oportunidad la Presidenta Bachelet señaló con entusiasmo que se trataba de “un gran día para la democracia,” e hizo la siguiente reflexión respecto del propósito del nuevo sistema:

Hemos reafirmado la certeza de que nuestro parlamento, instancia central de la deliberación de la República, debe ser expresión fiel de la nación que hemos construido.

En retrospectiva, ese día marcó el inicio de una serie de problemas en el sistema democrático chileno, y el parlamento es hoy un espejo roto abrumado por la fragmentación política y la ingobernabilidad. Los incentivos de la representación proporcional funcionan de tal forma que a los partidos políticos les conviene atrincherarse en sus posturas y perseguir los intereses de pequeñas fracciones del electorado en desmedro del interés de las mayorías. Así, paradójicamente, cuanto más nos esforzamos en que el parlamento refleje la diversidad de la población, mayor es la sensación de que en realidad no representa a nadie.

La pregunta natural es cómo enfrentamos este dilema. Volver al binominal sería un error ya que, como dijimos, ese sistema era incapaz de responder apropiadamente en un entorno dinámico. La mayoría de los analistas sugieren introducir restricciones al sistema de partidos con el fin de reducir la fragmentación y que así las distintas fuerzas políticas sean capaces de negociar y llegar a acuerdos. Algunos proponen un umbral mínimo de votos para ingresar al parlamento, otros, la prohibición de pactos electorales. Si bien estas medidas permitirían negociaciones más fluidas en el proceso legislativo, la fragmentación no puede ser la verdadera causa del mal funcionamiento del sistema. Para entender por qué, basta apreciar cómo algunos de los países que más admiramos —como Holanda o Dinamarca— tienen niveles de fragmentación similares a los de Chile, pero están libres de la ingobernabilidad y el estancamiento que a nosotros nos agobian.

Otro diagnóstico popular entre analistas y comentaristas políticos sostiene que si bien la fragmentación es un problema para la gobernabilidad, esto se debe en gran medida a rasgos idiosincráticos de nuestra cultura. Después de todo —dicen—, Chile podrá haber tenido éxito en el pasado, pero seguimos siendo parte de América Latina. Bajo este punto de vista, la clave estaría en educar mejor al electorado y subir los estándares éticos de nuestros políticos de tal forma que eventualmente reine un clima más propicio para los acuerdos y las miradas de largo plazo. Esta teoría explicaría por qué la fragmentación es un problema en Chile y no en los países nórdicos, pero la solución propuesta constituye un equilibrio inestable donde el primer caudillo suficientemente inescrupuloso podría sacar provecho de un entorno cuyo funcionamiento depende de la concordia.

Ante este escenario, vale la pena analizar el problema desde otro ángulo. Hasta ahora las propuestas que hemos visto han estado dirigidas a encontrar cierta armonía entre representación y gobernabilidad con tal de que el parlamento sea ese “espejo de la nación” que la Presidenta Bachelet había exigido. Pero lo que realmente nos interesa es que el sistema nos permita abordar nuestros problemas, y que quienes lo administran lo hagan de forma responsable y efectiva. Entonces, ¿qué herramientas ofrece la democracia para evaluar la responsabilidad y efectividad de nuestros representantes? ¿Con qué instrumentos cuenta el electorado para corregir el rumbo cuando la política se extravía? Después de todo, si el sistema no ofrece mecanismos para evaluar y corregir a quienes manejan el Estado, no tenemos ninguna razón para esperar que dejen de lado sus intereses y trabajen por el bien de la mayoría.

Evitar la comodidad

Volvamos atrás y exploremos más en detalle los casos de Holanda y Dinamarca. En ambos países encontramos sistemas parlamentarios donde el gobierno cuenta con la capacidad de llamar a elecciones anticipadas en caso de haber un impasse. Así, si bien es posible conjeturar que holandeses y daneses tienen mejores niveles de educación cívica que los chilenos, y que sus políticos son también más escrupulosos que los nuestros, la verdadera razón por la cual esas democracias funcionan relativamente bien a pesar de contar con altos niveles de fragmentación es que sus parlamentarios están bajo la constante amenaza de que el gobierno caiga, disolviendo así al parlamento y dándole a los votantes la oportunidad de castigar a quienes contribuyeron a la crisis.

En Chile, en cambio, los cargos sujetos a votación popular son siempre de plazo fijo, de modo que el ambiente político responde a las circunstancias de ciclos electorales pre-establecidos, y mientras no haya elecciones importantes en el horizonte, los servidores públicos pueden actuar con total licencia, sin temor a repercusiones tangibles por parte de la gente. Así, la comodidad de la que gozan nuestros parlamentarios en el ejercicio de sus funciones explica en buena medida el sinfín de actitudes circenses que vemos en la política: los “gustitos,” la deshonestidad intelectual, las actitudes obstruccionistas.

Esta dinámica se manifiesta con absoluta claridad en el caso del poder ejecutivo. Los ministros y asesores de gobierno dependen de la confianza del Presidente, quien a su vez tiene un cargo de plazo fijo y sin posibilidad de reelección inmediata, con lo que en la práctica cuenta con una invulnerabilidad casi total frente al electorado. Bajo estas condiciones, no es raro ver escándalos en el gobierno con efectos importantes en la opinión pública, pero que en última instancia no se traducen en la destitución de ningún secretario o asesor.

Día de juicio

Las elecciones anticipadas son una buena herramienta para incentivar la prudencia en el congreso, pero para que el electorado efectivamente pueda evaluar a los políticos y remover aquellos con rendimiento insuficiente debemos enfocarnos en las características del sistema electoral. En un artículo publicado en el Economist en 1988, Karl Popper sugiere que en lugar de determinar quienes deben gobernar, las elecciones tienen que responder a la pregunta “¿cómo evitamos que una autoridad deficiente cause mucho daño?” Con este objetivo en mente, Popper recomienda descartar la representación proporcional en favor de un sistema que constituya un verdadero “día de juicio” para quienes gobiernan.

Bajo el sistema de representación proporcional el objetivo de las elecciones es actualizar regularmente la configuración de los cargos públicos de manera que las distintas voces de la ciudadanía tengan acogida en las instituciones gubernamentales. En este contexto, los resultados de las elecciones suelen explicarse en términos de cambios temporales de tendencias, de modo que rara vez son vistos como castigo al mal trabajo de los políticos o como la refutación de medidas específicas impulsadas por las facciones perdedoras.

Si queremos que las elecciones sean un día de juicio para los políticos, irremediablemente debemos mover el foco del sistema desde la representación hacia la evaluación. Países exitosos como el Reino Unido o los Estados Unidos utilizan sistemas mayoritarios uninominales donde en cada distrito se elige un solo representante por mayoría simple. En la superficie, la diferencia entre este sistema y el sistema de representación proporcional parece un mero tecnicismo, pero en la práctica el carácter del voto cambia completamente. En lugar de ser una manifestación de preferencia, en un sistema mayoritario uninominal el voto pasa a ser una herramienta de castigo, ya que un pequeño movimiento de votos del candidato incumbente al rival casi siempre implica la destitución del primero. Por su parte, en un sistema proporcional, pequeños movimientos en las preferencias del electorado en general se distribuyen entre varios candidatos, diluyendo así los efectos punitivos del voto casi por completo.

Dado que el sistema mayoritario uninominal tiende a incentivar elecciones entre dos bandos, sus detractores reclaman que la reducción de oferta política daña la calidad de la democracia y frustra los ánimos de la ciudadanía. Pero la calidad de la democracia y los ánimos de la ciudadanía obedecen antes que nada al buen funcionamiento del sistema y a la sensación de que los problemas del país son debidamente abordados. La situación actual de Chile es un claro ejemplo de que una mayor oferta política no contribuye a la construcción de una democracia más robusta.

Otra crítica que se le hace al sistema es que sectores minoritarios tienden a quedar sin representación en la discusión pública. Esta crítica supone que la representación proporcional hace un mejor trabajo en defender a las minorías, pero la realidad es que la formación de coaliciones —aspecto inherente a la proporcionalidad— obliga a quienes abogan por tales causas a abandonar sus banderas tan pronto llegan al poder, desilusionando así a quienes los eligieron. Por su parte, en los sistemas de mayoría uninominal quien gana un escaño en el parlamento no puede ignorar las demandas de ningún grupo, ya que hacerlo implicaría darle todos esos votos al rival y probablemente sacrificar la reelección. De esta forma, si bien las minorías no cuentan con representantes dedicados exclusivamente a sus causas, el sistema incorpora sus voces a través de parlamentarios que trabajan por el bien de todos.

Un paso a la vez

Proponer para Chile un sistema parlamentario con elecciones mayoritarias uninominales sería una clara muestra de ingenuidad. La brecha actualmente es demasiado grande y pocos estarían dispuestos a dar el salto. Pero son pocos los países exitosos que no cuenten con alguno de los dos mecanismos descritos en este ensayo, y en todas las excepciones podemos encontrar algún otro instrumento para controlar la responsabilidad de quienes gobiernan. Es por esto que resulta urgente revisar cuáles podrían ser los cambios más a la mano que nos ayudarían a mejorar nuestro sistema.

Consideremos primero el caso de los sistemas semipresidenciales. Algunos de ellos consiguen buenos resultados —como Francia o Portugal— y su estructura es más cercana al presidencialismo chileno que los sistemas parlamentarios. El semipresidencialismo tiene dos virtudes en línea con la tesis que hemos planteado. Primero, el parlamento puede llamar a elecciones anticipadas mediante un voto de no confianza en el gabinete. Segundo, los ministros del poder ejecutivo forman parte del parlamento, por lo que están sujetos al voto de la gente. Estas dos características ayudan a incentivar la ética laboral en el poder legislativo pero también en el ejecutivo.

Por otra parte, tenemos como caso de estudio a Corea del Sur. Las diferencias entre el sistema que allí utilizan y el chileno son muchas, pero vale la pena poner atención al formato de representación mixta con que eligen a sus parlamentarios. La Asamblea Nacional de ese país cuenta con 300 escaños, de los cuales 253 se eligen por mayoría simple uninominal, mientras que los restantes 47 siguen un mecanismo de representación proporcional. Así, mientras estos últimos tienen la tarea de darle voz a las distintas minorías, los primeros están sujetos a ese día de juicio que hemos descrito y que los hace responder directamente a la evaluación de las mayorías, disminuyendo fuertemente los incentivos para actuar de manera irresponsable.

Pretender que los problemas de Chile se solucionen con un repentino pacto de colaboración y hermandad supone desatender los vacíos estructurales del sistema. No podemos esperar que los políticos actúen en beneficio de las mayorías si el sistema no provee incentivos para que aquello ocurra, y si realmente queremos que aquello ocurra, el primer paso debe ser restablecer el respeto al electorado por parte de quienes ocupan cargos públicos.