Los límites de la discusión pública
En una sobremesa cualquier tipo de pregunta puede dar pie a una discusión interesante, por absurdas que sean las premisas. En la discusión pública la cosa es un poco distinta: un debate suficientemente focalizado y que respete las buenas costumbres necesariamente debe dejar de lado asuntos que colectivamente se consideren zanjados o inadecuados.
Un ejemplo burdo es el tema de la esclavitud. Incluso si el marco legal permitiera una reinstauración de esa práctica, nuestras convicciones morales y nuestras tradiciones convierten el debate en algo del todo impertinente en espacios de deliberación.
Existen otros asuntos cuya pertinencia es más difícil de evaluar. Por una parte tenemos el debate sobre la pena de muerte, cuya condición es similar al ejemplo de la esclavitud pero que en cierto sentido disfruta de un consenso menos transversal. También están las ideas del marxismo, que han sido refutadas múltiples veces tanto en la teoría como en la práctica, pero que sin embargo vuelven a aparecer periódicamente en distintos sectores de la sociedad.
Surge entonces una inquietud delicada: ¿habrá otras preguntas actualmente presentes en el debate público cuya legitimidad deberíamos poner en duda?
Consideremos por un momento la ley de las 40 horas. La pregunta sobre los límites de la jornada laboral a primera vista es perfectamente pertinente, pero hay un factor que hace toda la diferencia: distintas localidades gozan de contextos muy diversos. La situación socioeconómica, el perfil productivo y las tradiciones locales varían muchísimo a lo largo del país. Alguien podría decir que la ley debería eventualmente hacer distinciones para acomodar las necesidades de cada industria o incluso de cada región, pero esa acotación elude el punto central. Lo que queremos no es obtener una ley más sofisticada, sino permitir que la pregunta sobre la jornada laboral se decida donde corresponde, es decir, de forma independiente en cada comunidad.
Así, un asunto que en la superficie parecía ser legítimo deja de serlo cuando el estado carece de la estructura institucional necesaria para que la deliberación se produzca adecuadamente. Dicho de otra manera, la forma del estado dicta si acaso una misma discusión es abstracta o concreta, general o específica, inoportuna o legítima. Preguntas perfectamente atendibles en comunidades pequeñas pueden perder toda validez cuando se trasladan al ámbito nacional.